Las instituciones defensoras de derechos humanos de los países que conforman la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), reconocieron el aumento desmedido de la trata y el tráfico ilegal de personas, por lo que se comprometieron a incrementar esfuerzos para conseguir políticas públicas de erradicación de esos delitos. Además, los ombudsman de la región se comprometieron a elevar a todos los organismos internacionales la tipificación de la trata de personas, como crimen de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma. Ello, al emitir la declaración de la Primera Cumbre Iberoamericana Sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas de la FIO, hecha pública. Al hablar sobre los resolutivos de este encuentro, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que sus homólogos de la región convocarán a los Estados a cumplir los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito de trata de personas y con una perspectiva de género. González Pérez refirió que los miembros de la FIO realizarán las acciones para que, dentro del ordenamiento jurídico, se incorporen los principios internacionales de derechos humanos que no criminalicen la migración. Dentro de la Declaración, los Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los países que conforman la FIO, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, coincidieron también en la necesidad de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados, sino una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos. Se deberá tener en cuenta, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios y de su situación de vulnerabilidad; lo mismo intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción y defensa en zonas fronterizas, articulando iniciativas de las instituciones públicas de derechos humanos para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas. Los ombudsman que conforman la FIO tienen la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas y, particularmente, de las y los migrantes de nuestra región.