Comisiones Regionales y Municipales de Atención a VÃctimas de Tráfico y Trata de Personas del Estado de Hidalgo
La trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, comercial o como servidumbre involuntaria o neo-esclavismo, constituye un crimen de Lesa Humanidad que atenta, no sólo contra la dignidad de las vÃctimas que son privadas de todos sus derechos y sustraÃdas del tejido social, para ser incorporadas al mercado como simples mercancÃas, sino del género humano.
México cuenta actualmente con leyes para prevenir y sancionar estos delitos, lo que es loable, pero insuficiente, ya que falta humanizar las estructuras institucionales; edificar una cultura de la legalidad que sensibilice a toda la sociedad; armonizar la legislación Estatal, Nacional e Internacional; lograr una coordinación interinstitucional y una comunicación social efectiva en contra de esta modalidad de delincuencia organizada, tan amenazante y peligrosa, como el tráfico de armas o de drogas.
En este contexto, resulta relevante el trabajo del Comité Interinstitucional de Atención a VÃctimas de Tráfico y Trata de Personas, que coordina las acciones de las Dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos autónomos y organizaciones de la sociedad civil que lo integran, bajo la rectorÃa y orientación de VÃctor Kanán Huebe, delegado federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo.
La trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, comercial o como servidumbre involuntaria o neo-esclavismo, constituye un crimen de Lesa Humanidad que atenta, no sólo contra la dignidad de las vÃctimas que son privadas de todos sus derechos y sustraÃdas del tejido social, para ser incorporadas al mercado como simples mercancÃas, sino del género humano.
México cuenta actualmente con leyes para prevenir y sancionar estos delitos, lo que es loable, pero insuficiente, ya que falta humanizar las estructuras institucionales; edificar una cultura de la legalidad que sensibilice a toda la sociedad; armonizar la legislación Estatal, Nacional e Internacional; lograr una coordinación interinstitucional y una comunicación social efectiva en contra de esta modalidad de delincuencia organizada, tan amenazante y peligrosa, como el tráfico de armas o de drogas.
En este contexto, resulta relevante el trabajo del Comité Interinstitucional de Atención a VÃctimas de Tráfico y Trata de Personas, que coordina las acciones de las Dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos autónomos y organizaciones de la sociedad civil que lo integran, bajo la rectorÃa y orientación de VÃctor Kanán Huebe, delegado federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo.
Si bien en Hidalgo la trata y tráfico de personas, no constituye un foco rojo, condiciones como el desempleo, la discriminación de las mujeres, la pobreza, la explotación laboral -más graves aún en comunidades indÃgenas- y lo complicado de ser territorio de paso de migrantes que se dirigen hacia el norte del paÃs con la intención de internarse en Estados Unidos de América, ubican a nuestra población en una situación de vulnerabilidad frente a las redes delincuenciales, lo que impone vigilar el estricto cumplimiento del estado de derecho, y emprender acciones humanitarias.
Estas condiciones obligan a organizar gestiones preventivas y de participación ciudadana, como respuesta institucional y cÃvica frente a este fenómeno delictivo, sustentadas en prácticas de coordinación interinstitucional y comunicación social, asà como en principios que humanicen las estructuras institucionales y sensibilicen a toda la sociedad sobre los peligros de estos fenómenos, que tienen el mismo efecto dañino que el genocidio, la desaparición forzada, la tortura o el apartheid.
Con este propósito se presenta el Programa de Acciones para las Comisiones Regionales y Municipales de Atención a VÃctimas de Tráfico y Trata de Personas del Estado de Hidalgo, en el propósito de generar transversalidad interinstitucional para atender el tráfico y la trata de seres humanos, que ante la evidencia de un tejido social quebrantado por la injusticia, nos obliga a repensarnos como sociedad; a transitar hacia una nueva conciencia ética, basada en la solidaridad, la responsabilidad y reconocimiento de los otros; a comprometernos a reconstituir nuestros procesos de cohesión, interviniendo en las dinámicas de protección hacia los vulnerables y vulnerados, para fortalecer la vertebración de una sociedad donde impere la conciencia de la inclusión y la dignidad humana.